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 Estado de México a 25 de noviembre de 2020 Luis Salvador Escartín González Expediente: 94/2020 Anterior 18/2016 MEMORIAL AMICUS CURIAE |
Juez de Ejecución Penal Otumba, Estado de México.
Con fundamento en los Artículos 1, 8 y 133 Constitucional aunado al Artículo 100 de la propia Carta Magna al disponer que la función judicial se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia; al artículo 23 numeral 1 inciso a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; yo, el perito médico Adrián Ramírez López, con cédula profesional 1396538 presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A. C, y ex Vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) —de la que la Limeddh es integrante— además de pertenecer a la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y partenaire de "Trabajar Juntos por los Derechos Humanos" —organismos con estatuto consultivo ante la ONU—con domicilio para recibir comunicaciones en domicilio Calle Lago 6 millones, M-81, L-12, C.P. 57180, Ampliación Ciudad Lago, Nezahualcoyotl, Edo. Mex, México. Tel: 55 56108790, presidencia.limeddh@gmail.com a título de defensor de los derechos humanos acudo ante usted, sin actuar dentro del expediente de referencia ni de ningún otro, puesto que no soy parte en ellos, para pedirle se sirva tenernos constituidos como Amigos del Tribunal -a manera de Amicus Curiae-, comparezco para formular los siguientes elementos de análisis:
M e m o r i a l p e t i t o r i o
I. Objeto del presente memorial
El objeto del presente escrito en calidad de Amicus Curiae es proveer a este Juzgado de Ejecución Penal de Otumba, de información y argumentos útiles para que adopte medidas garantes de la protección de los derechos humanos, que se encuentran comprometidas en el caso de referencia, así como en todos casos sub judice análogos, para favorecer el desarrollo de la justicia en México.
Esta petición en forma de Amicus Curiae se encuentra asimismo motivada por el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación en cuyo Artículo 1, bajo el rubro de Independencia judicial, se establece que [el juzgador]:
1. Preserva[rá] el recto ejercicio de su función denunciando cualquier acto que tienda a vulnerar su independencia.
Es de interés público que ustedes, como, se impongan de los hechos y razonamientos de que les hacemos partícipes, a fin de estar en mejores condiciones de preservar el recto ejercicio de la función que realizan bajo su responsabilidad, para evitar la consumación de juicios sin garantías.
II. Interés de la petición a modo de Amicus Curiae
La reforma constitucional en materia de derechos humanos que entró en vigor en junio de 2011 colocó en el centro de la actuación del Estado Mexicano la protección y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por éste. Por ello, se trata de una reforma que impacta de manera sustantiva en la labor de todas las autoridades del país, toda vez que deben hacer efectiva la aplicación de la totalidad de las obligaciones reconocidas constitucionalmente
Todas las autoridades sin excepción se encuentran obligadas a asumir una responsabilidad de Estado en la implementación de esta compleja transformación constitucional; y, en especial, reconocen aquella que enfrentan las y los operadores de justicia, particularmente quienes tienen en sus manos la impartición de justicia o funciones asociadas con la defensa –tanto jurisdiccional como no jurisdiccional– de los derechos humanos, para desarrollar todas sus acciones desde el nuevo paradigma que supone la incorporación de una perspectiva de derechos humanos.
Lo anterior implica, entre otras cuestiones, el replanteamiento de estructuras y categorías de pensamiento utilizadas tradicionalmente por las y los juristas, además del desarrollo de una profunda reflexión sobre el papel de la impartición de justicia en un Estado democrático y constitucional de derecho.
En estas condiciones, es importante resaltar que un cambio de tal envergadura requiere de estrategias y mecanismos adecuados y eficaces para garantizar que las nuevas disposiciones constitucionales alcancen los fines para los cuales han sido diseñadas.
Por tal motivo, asegurar el efecto útil de la reforma constitucional antes señalada sólo será posible en la medida en que las instituciones, la sociedad y la academia exploren a profundidad los alcances de la multiplicidad de herramientas con las que ahora cuentan de manera indubitable. [1]
La reforma del 2008 al sistema de justicia penal y seguridad pública, vino a establecer los derechos y garantías, relativos a la judicialización de la ejecución penal y al régimen de reinserción social, conforme a lo adecuado en el artículo 18 y 21 constitucional.
Dando el carácter de auxiliar a la autoridad administrativa de los centros de reclusión, dejando a los Jueces que cumplan con garantizar los derechos de las personas privadas de libertad para resolver los conflictos que surjan entre la Persona Privada de Libertad y la autoridad auxiliar, así como de resolver lo relativo a la aplicación, modificación y duración de las penas en la fase de ejecución.
Lo que dio pase a la "reinserción social" armonizándose con el principio de presunción de normatividad la persona infractora en el sentido de que las normas penales están dirigidas a personas que comprenden la consecuencia de sus actos En este sentido, reinserción social se traduce en el restablecimiento pleno de los derechos de una persona tras el cumplimiento de la pena con satisfacción de estándares constitucionales.
Con ello, el sistema de justicia penal no responde por la transformación de las personas, sino por la creación de condiciones dignas y seguras en la prisión[2].
Como es bien sabido el estado mexicano se ha caracterizado por su Progresividad en derechos humanos. Esto a través de las distintas reformas en derechos humanos como es la del 2008, con relación a la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal el estado mexicano ha permitido a las personas privadas de libertad tener la seguridad de que sus derechos para la obtención de un beneficio penitenciario se encuentran garantizados permitiéndoles tener una mejor certeza jurídica tanto en su forma material como jurídica.
Los centros penitenciarios tienen en sus manos la reinserción de las personas privadas de libertad, esto a través de los ejes consagrados en el artículo 18 constitucional como son: la educación, el trabajo, la capacitación para el trabajo, el deporte y la salud estos vistos desde la perspectiva de los derechos humanos. Cada centro deberá de proporcional a las personas privadas de libertad los medios materiales para la reinserción esto con apego a la regla 10.1[3] de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad "Reglas de Tokio".
III. Garantía a la reinserción social
Los factores que comprende la garantía de reinserción son tanto los enmarcados en el segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución Federal, así como las condiciones dignas y seguras dentro de los centros penitenciarios:
Artículo 18
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.
Los centros penitenciarios a través de sus autoridades, tiene la obligación de proporcionar por todos los medios a su alcance la garantía de reinserción.
En este aspecto el Centro Preventivo y de Reinserción Social de Otumba Tepachico, es un centro en el que se vive la impunidad y la corrupción, el cual de acuerdo con el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tiene una calificación media de 7.15 tendiente a la baja ya que no garantiza diferentes aspectos de la reinserción social. (ver imagen)
Con lo que podemos establecer que dicho centro no cumple con los estándares necesarios para que las personas privadas de libertad puedan acceder a una garantía de reinserción, al verse menoscabado su derecho a la seguridad al ser un centro tendiente al auto gobierno por la falta de personal de seguridad y custodia, propenso a que ocurran actos de violencia dentro del centro. La incapacidad del centro para garantizar y promover el derecho al trabajo y la capacitación para este, es un aspecto que daña en lo absoluto a la garantía de reinserción, consagrada en el artículo 5 y18 de nuestra Carta Magna.
Tomando como base las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, (Reglas Nelson Mandela), para la mejora en el tratamiento de las personas privadas de la libertad en el Centro Preventivo y de Reinserción Social de Otumba Tepachico, la autoridad ha sido omisa en el cumplimiento de:
Regla 91 "El tratamiento de las personas condenadas a una pena o medida privativa de libertad debe tener por objeto, en la medida en que la duración de la pena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo y crear en ellos la aptitud para hacerlo".
Relativo al trabajo la autoridad no ha cumplido con lo establecido en:
Regla 96
1. Los reclusos penados tendrán la oportunidad de trabajar y participar activamente en su reeducación, previo dictamen de aptitud física y mental emitido por un médico u otro profesional de la salud competente.
2. Se proporcionará a los reclusos un trabajo productivo que sea suficiente para que se mantengan ocupados durante una jornada laboral normal.
Hacemos mención que a pesar de estas carencias y circunstancias penitenciarias; Luis Salvador Escartín González, ha demostrado a lo largo de 18 años privado de su libertad la capacidad, valentía, voluntad y compromiso para buscar su reinserción como miembro funcional de la sociedad a la que pertenecía; siendo el núcleo principal de una familia digna dejando a su hijo Luis Escartin Luna a la edad de 8 años sin la figura paterna mismo que ha concluido sus estudios a nivel licenciatura y que actualmente tiene la edad de 27 años, y a su esposa Maria Teresa Luna Hurtado quien ha sido el sostén económico de un hogar y quien ha luchado ante todas las instancias jurídicas a nivel nacional e internacional para demostrar la inocencia de su esposo Luis Salvador Escartín González, siendo el último recurso la Queja Petición P-484-2014 que se interpuso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en marzo de 2013, haber perdido a seres queridos siendo sus dos padres y dos hermanos durante su estancia carcelaria, haber sido empleado en Petróleos Mexicanos (PEMEX) con numero de Ficha 628272 desde 1988 hasta 2002 día de su detención y con el compromiso laboral que mantenía antes de haber sido privado de su libertad; que no obstante las graves irregularidades al Debido Proceso y el agotamiento de todos los recursos jurídicos hechos por la defensa, fue negada la Teoría del caso en relación a su inocencia, quien fue objeto y víctima de Fabricación del Delito por Secuestro (2002), por autoridades Ministeriales y Judiciales del Estado de México y autoridades Judiciales Federales, donde emitieron fallos y violaciones al Debido Proceso desde su detención, teniendo una condena de 40 años, y que a la fecha ha estado compurgando desde el día de su detención (2002) hasta la presente anualidad (año 2020); lo cual ha dañado su proyecto de vida familiar. Cumpliendo con los estándares solicitados en el artículo 18 de la constitución, el artículo 100 de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad en el Estado de México, así como lo estipulado en el articulado de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
En esta medida Luis Salvador Escartín González, ha mostrado un avance significativo en lo que a los lineamientos previstos en la ley sustantiva en la materia para la reinserción social referentes al trabajo, capacitación para el trabajo y la educación, siendo una persona que a pesar de las circunstancias de precariedad se ha esforzado en el centro penitenciario donde se encuentra privado de la libertad para formar parte de una sociedad apegada a normas y reglas tanto de convivencia social como moral, lo que le permite acceder a un sustitutivo de la pena, esto con relación a la regla 11.2[4] de las Reglas de Tokio.
IV. Derecho a la salud
El derecho a la salud se ha convertido en uno de los ejes rectores de la reinserción; actualmente el estado de salud de Luis Salvador Escartín González, se ha venido quebrantando y sufriendo un detrimento a consecuencia de la tortura, del daño físico y psicológico que sufrió durante su detención para obligarlo a confesar e inculparse por un delito que nunca cometió; de las cuales se ha derivado un padecimiento neurológico cuando en el mes de marzo de 2014, estando recluido en el Penal de Otumba Tepachico, sufrió un INFARTO DE ARTERIA CEREBRAL POSTERIOR, EPILEPSIA DE ORIGEN IDIOPATICO CRIPTOGENO y donde en este momento se encuentra bajo tratamiento médico y control de forma esporádica, su estado de salud se ha venido complicado por dichas secuelas además de que actualmente sufre de depresión y problemas visuales y con un segundo padecimiento de urología donde actualmente desconocemos su seguimiento por parte del área médica del penal, lo antes mencionado se ha venido deteriorando su estado de salud físico y psicológico, razón por la cual considero que ésta situación ha venido a redundar en los malos tratos y tortura de que ha sido objeto por parte de autoridades ministeriales, judiciales y penitenciarias.
El Centro Prevención y de Reinserción Social Otumba Tepachico no cumple con los estándares de una atención médica adecuada y ni mucho menos con un tratamiento neurológico al que necesita por las secuelas antes mencionadas, ya que hoy en día no se le ha brindado la atención médica con la especialidad en neurología y urología.
Como pudimos observar en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el centro de Otumba Tepachico, no garantiza una estancia digna para las personas privadas de libertad, al contar con deficiencias en las condiciones materiales y de higiene en el alojamiento de las personas, dentro de la cocina y comedores, así como en los talleres y áreas deportivas, las cuales forman partes de los ejes de la reinserción social.
Conforme a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), el estado tiene la responsabilidad de que las personas privadas de la libertad gocen de los mismos estándares de atención medica que en el exterior (regla 24); los centros penitenciarios contaran con un servicio de atención medica encargado de evaluar, promover, proteger y mejorar la salud física y mental de las personas privadas de libertad (reglas 25,26, 27, 30, 31, 32 y 33).
Las deficiencias en la garantía del derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente sano a través de una estancia digna han hecho que la pena que debe ser proporcional al delito que se sanciona y al bien jurídico afectado, se haya convertido en una pena transcendental al ser incompatible con el estado de salud de Luis Salvador Escartín González, lo cual vulnera lo establecido en el artículo 22 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
V. El proyecto de vida
El juzgado aplica criterios que buscan estar con apego a la legalidad, el centro del enfoque de derechos humanos, pretende que el juzgador actúe buscando la justicia y para ello debe ponderar en sus fallos que prevalezca ésta más allá de la legalidad, el espíritu, el alma, la esencia de la justicia.
Otro de los aspectos que ha dañado la pena que se ha vuelto incompatible, consecuencia del estado de salud de Luis Salvador Escartín González, así como de la trasgresión de su derecho a la reinserción y la obtención de un beneficio de libertad es al proyecto de vida, iniciando por el daño moral y físico al derecho a la familia el que se ha visto limitado por el régimen de visitas instaurado dentro del centro, así como por las condiciones de autogobierno que se vive dentro del centro que no solo afecta a la persona privada de la libertad, sino que también trasciende a la familia, atendiendo la seguridad de cada uno de los miembros del núcleo familiar. Pero a pesar de esta situación su familia esposa e hijo no se han mantenido distantes, sino al contrario durante estos 18 años que lleva privado de su libertad y que ha sido objeto de diversos trasladados a centros penitenciaros del Estado de México sin justificación alguna y con la política criminal que se implementó durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, (Penal de Neza Bordo, Texcoco, Chiconautla, Otumba Tepachico durante un año en el módulo de alta, Sultepec, Valle de Bravo y actualmente en Otumba Tepachico) su familia se ha mantenido cerca de manera fraterna y solidaria con el interno, y que a pesar de todas las violaciones penitenciarias que llevaron a cabo, se negaron los amparos que se interpusieron por los traslados injustificados, a sabiendas que no mantiene una conducta de delincuencia dentro de los reclusorios y ni muchos menos ningún tipo de adicción; con lo mencionado su familia se ha mantenido cerca de Luis Salvador Escartín González desde su reclusión sin dejar de visitarlo a pesar del tiempo, distancia y lugar.
El principio del interés superior de su primer hijo, se ha visto violentado indirectamente desde la detención ilegal y de la transgresión a la obtención de un beneficio de libertad para Luis Salvador Escartín González, quien en el momento de su detención lo obligaron a separarse de su primer hijo teniendo 8 años Luis Escartín Luna actualmente 27 años y años después de un segundo hijo que actualmente tiene 8 años Sebastián Escartín Luna, de quienes se han visto privados del desarrollo integral de una familia y una vida digna con la figura paterna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permita vivir a través de un núcleo familiar.
La privación de la libertad y más cuando deriva de una detención arbitraria, la fabricación de culpable y violaciones al debido proceso afectan todo el proyecto de vida en su conjunto. Ocasionando una parálisis de vida productiva a los 30 años, separado por más de 18 años de su núcleo familiar y laboral, y que el daño de salud tanto físico como psicológico será irreparable para Luis Salvador Escartín González como para su familia.
VI. Pretensiones
Con lo anterior, pretendo que en este caso particular y en sus análogos que el juzgador puede identificar, se resuelvan con independencia y con apego a las reglas del debido proceso para Luis Salvador Escartín González pueda tener confianza en la imparcialidad de la justicia, garantizando el principio de Seguridad jurídica y núcleo familiar integro.
La garantía de un beneficio de libertad a través de la reinserción consagrado en el párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, involucra uno de los derechos sustantivos más preciados del ser humano, como lo es la libertad, beneficio que aparte proviene a consecuencia de un proceso penal, en el cual se concluyó, la responsabilidad de una persona en la omisión o comisión de un hecho que por ley se califica como delito.
Ahora bien, en este orden de ideas Luis Salvador Escartín González, se encuentra en tiempo y forma para ser acreedor al beneficio penitenciario conforme a la "Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado" esta para el Estado de México, la cual regía durante el momento de los hechos; conforme a lo establecido en el artículo 100 y 111 en correlación al artículo 106 de dicha ley. Luis Salvador Escartín González de acuerdo a la operación aritmética fue sentenciado a 40 años; las tres quintes partes de dicha sentencia equivaldría a 24 años, menos los dos años concedidos, sería de 22 años; actualmente LSEG ha compurgado la pena de prisión de 18 años 1 mes a partir del 8 de octubre de 2002, teniendo en relación los días laborados equivalentes a 5,671 días hasta febrero 2020, que realizando la conversión tendría a su favor 2,835 días, que equivalen a 7 años 7 meses; por lo que al realizar la suma tenemos un total de 25 años 10 meses, es decir que LSEG tiene el tiempo jurídico para la procedencia del beneficio correspondiente a la libertad condicionada con relación a la remisión parcial de la pena y el tratamiento preliberacional; con apego al derecho a la reinserción social garantizado en el Art. 18 Constitucional.
Se solicita entonces, que el proceso de beneficio de Luis Salvador Escartín González sea apegado a derecho, respetando el derecho al debido proceso de nuestro estado democrático, de igual manera atendiendo a los derechos del bloque de constitucionalidad, así como al control difuso de convencionalidad, al principio pro persona y al principio internacional de Ius cogens.
Así las cosas, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos humanos y otras organizaciones hermanos de alerta temprana red y defensoras de derechos humanos nos solidarizamos en la causa por Luis Salvador Escartin González, se le respeten dentro del proceso en el Juzgado de Ejecución Penal para obtención de un beneficio penitenciario, todos los derechos en marcados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano.
Respetuosamente
Por las organizaciones y personalidades que suscriben
Adrián Ramírez López, Presidente de la Limeddh
1. Andrés Piqueras Infante, Solidaridad para el Desarrollo y la Paz, Sodepau País Valencià
2. Reinaldo Villalba, Presidente, Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo". Colombia
3. José Luis Fuentes, Comité Mesoamericano del Gremio de Abogados de Estados Unidos
4. Pablo Ruiz, SOAWatch, Coordinador América Latina de SOAW - Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Amérucaso. Chile
5. Manuel Maria Mercedea Medina, Presidente, Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH_RD). República Dominicana.
6. Carlos M Leiva, Director Ejecutivo, Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos
7. Juan Carlos Gutiérrez Contreras, Coordinador General, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos. México
8. María Elena Hernández Márquez, Coordinadora de la Asociación de Abogados del Pueblo
9. María Magdalena López Paulino, Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC. México
10. José Ballesteros Portals, relaciones, Taller Estudio de la Cura
11. José Javier Acevedo Bustillo, Defensor de DDHH
12. Patricia Martínez, Defensor de DDHH
13. Héctor Manuel Vázquez González, Defensor de DDHH
Es cuanto tenemos el honor de informar.
El presente Amicus Curiae está compuesto por diez hojas útiles, numeradas y firmadas por sus autores al calce.
[1] Medellín Urquiaga Ximena. Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Principio Pro-persona. Coedición: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OACNUDH) y Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
[2] Iniciativa con proyecto de ley de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal. Senador Raúl Cervantes Andrade.
[3] 10.1 El objetivo de la supervisión es disminuir la reincidencia y ayudar al delincuente en su reinserción social de manera que se reduzca a un mínimo la probabilidad de que vuelva a la delincuencia.
[4] 11.2 Estará prevista la interrupción anticipada de la medida en caso de que el delincuente haya reaccionado positivamente a ella.
Nota: Versión en Ingles [Se debe considerar que es una versión no revisada en cuanto a traducción, por lo cual puede tener ciertas desviaciones ]
| State of Mexico, November 25, 2020
Luis Salvador Escartín González File: 94/2020 Previous 18/2016 MEMORIAL AMICUS CURIAE |
Juez de Ejecución Penal Otumba, Estado de México.
Criminal Execution Judge Otumba, State of Mexico.
Based on Articles 1, 8 and 133 of the Constitution, together with Article 100 of the Magna Carta itself, by providing that the judicial function shall be governed by the principles of excellence, objectivity, impartiality, professionalism and independence; Article 23, paragraph 1, paragraph a) of the American Convention on Human Rights; I, the medical expert Adrián Ramírez López, with professional license 1396538 president of the Mexican League for the Defense of Human Rights A. C, and former Vice President of the International Federation for Human Rights (FIDH) —of which the Limeddh is a member - in addition to belonging to the World Organization against Torture (OMCT) and partner of "Working Together for Human Rights" —organisms with consultative status before the UN — with address to receive communications at home Calle Lago 6 million, M-81, L-12, CP 57180, Ciudad Lago Extension, Nezahualcoyotl, Edo. Mex, Mexico. Tel: 55 56108790, presidencia.limeddh@gmail.com as a human rights defender I come to you, without acting within the reference file or any other, since I am not a party to them, to ask you to have us constituted As Friends of the Tribunal -in the manner of Amicus Curiae-, I appear to formulate the following elements of analysis:
M e morial request
I. Purpose of this memorial
The purpose of this brief, as Amicus Curiae, is to provide this Otumba Criminal Execution Court with information and useful arguments so that it can adopt measures that guarantee the protection of human rights, which are compromised in the reference case, as well as as in all analogous sub judice cases, to favor the development of justice in Mexico.
This petition in the form of Amicus Curiae is also motivated by the Code of Ethics of the Judicial Power of the Federation in which Article 1, under the heading of Judicial Independence, establishes that [the judge]:
1. It preserves [rá] the correct exercise of its function by denouncing any act that tends to violate its independence.
It is in the public interest that you, as well as, impose yourself on the facts and reasoning of which we participate, in order to be in better conditions to preserve the correct exercise of the function that you perform under your responsibility, to avoid the consummation of judgments without guarantee.
II. Interest of the petition as an Amicus Curiae
The constitutional reform on human rights that came into force in June 2011 placed the protection and guarantee of human rights recognized in the Constitution and in the international treaties ratified by it at the center of the Mexican State's actions. Therefore, it is a reform that has a substantive impact on the work of all the country's authorities, since they must enforce the application of all the constitutionally recognized obligations.
All authorities without exception are obliged to assume State responsibility in the implementation of this complex constitutional transformation; and, in particular, they recognize that faced by justice operators, particularly those who have in their hands the administration of justice or functions associated with the defense - both jurisdictional and non-jurisdictional - of human rights, to develop all their actions from the new paradigm that involves the incorporation of a human rights perspective.
The foregoing implies, among other issues, the rethinking of structures and categories of thought traditionally used by jurists, in addition to the development of a deep reflection on the role of the administration of justice in a democratic and constitutional state of law.
In these conditions, it is important to highlight that a change of such magnitude requires adequate and effective strategies and mechanisms to guarantee that the new constitutional provisions achieve the purposes for which they have been designed.
For this reason, ensuring the useful effect of the aforementioned constitutional reform will only be possible to the extent that institutions, society and academia explore in depth the scope of the multiplicity of tools that they now undoubtedly have. [1]
The 2008 reform to the criminal justice and public security system established the rights and guarantees regarding the prosecution of criminal execution and the social reintegration regime, in accordance with the provisions of article 18 and 21 of the Constitution.
Giving the character of auxiliary to the administrative authority of the detention centers, leaving the Judges to comply with guaranteeing the rights of persons deprived of liberty to resolve conflicts that arise between the Person Deprived of Liberty and the auxiliary authority, as well as to resolve matters relating to the application, modification and duration of sentences in the execution phase.
What led to "social reintegration" harmonizing with the principle of presumption of normativity by the offender in the sense that criminal norms are aimed at people who understand the consequence of their actions. In this sense, social reintegration translates into full restoration of the rights of a person after serving the sentence with satisfaction of constitutional standards.
With this, the criminal justice system is not responsible for the transformation of people, but for the creation of dignified and safe conditions in prison [2] .
As is well known, the Mexican state has been characterized by its Progressivity in human rights. This, through the different human rights reforms such as the one of 2008, in relation to the entry into force of the National Law on Criminal Enforcement, the Mexican state has allowed persons deprived of liberty to have the security that their rights for the Obtaining a prison benefit is guaranteed, allowing them to have better legal certainty both in its material and legal form.
The prisons have in their hands the reintegration of people deprived of liberty, this through the axes enshrined in article 18 of the Constitution, such as: education, work, training for work, sports and health, these seen from a human rights perspective. Each center must provide the persons deprived of liberty with the material means for reintegration, in accordance with rule 10.1 [3] of the United Nations Minimum Rules on non-custodial measures "Tokyo Rules".
III. Guarantee of social reintegration
The factors that comprise the guarantee of reintegration are both those framed in the second paragraph of article 18 of the Federal Constitution, as well as the dignified and safe conditions within prisons:
Article 18
The penitentiary system will be organized on the basis of respect for human rights, work, training for it, education, health and sports as means to achieve the reintegration of the sentenced person into society and ensure that they do not commit a crime again , observing the benefits that the law provides for him.
Prisons, through their authorities, have the obligation to provide by all means at their disposal the guarantee of reintegration.
In this regard, the Preventive and Social Reintegration Center of Otumba Tepachico is a center in which impunity and corruption are experienced, which according to the National Diagnosis of Penitentiary Supervision 2019, of the National Human Rights Commission, has an average score of 7.15 tending downwards since it does not guarantee different aspects of social reintegration. (view image)
With which we can establish that said center does not meet the necessary standards so that persons deprived of liberty can access a guarantee of reintegration, as their right to security is undermined as it is a center aimed at self-government due to the lack of personnel. security and custody, prone to acts of violence occur within the center. The inability of the center to guarantee and promote the right to work and training for this is an aspect that does not at all harm the guarantee of reintegration, enshrined in articles 5 and 18 of our Magna Carta.
Based on the United Nations Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules), for the improvement in the treatment of persons deprived of liberty at the Preventive and Social Reintegration Center of Otumba Tepachico, the authority has failed to comply with:
Rule 91 " The treatment of persons sentenced to a sentence or custodial measure must be aimed, insofar as the duration of the sentence allows, to instill in them the will to live in accordance with the law and to maintain the product of their work and create in them the aptitude to do it ".
Regarding work, the authority has not complied with the provisions of:
Rule 96
1. Sentenced inmates will have the opportunity to work and actively participate in their reeducation, following a physical and mental fitness opinion issued by a doctor or other competent health professional.
2. Inmates will be provided with productive work that is sufficient to keep them busy during a normal working day.
We mention that despite these shortcomings and prison circumstances; Luis Salvador Escartín González, has demonstrated throughout 18 years deprived of his freedom the capacity, courage, will and commitment to seek his reintegration as a functional member of the society to which he belonged; being the main nucleus of a dignified family leaving his son Luis Escartin Luna at the age of 8 years without the father figure himself who has completed his studies at the undergraduate level and is currently 27 years old, and his wife Maria Teresa Luna Hurtado who has been the financial supporter of a home and who has fought before all legal entities at the national and international level to prove the innocence of her husband Luis Salvador Escartín González, being the last resort the Complaint Petition P-484-2014 that is He filed before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) in March 2013, having lost loved ones being his two parents and two brothers during his prison stay, having been employed in Petróleos Mexicanos (PEMEX) with File number 628272 since 1988 until 2002 the day of his arrest and with the work commitment he had before being deprived of his liberty ; that despite the serious irregularities to the Due Process and the exhaustion of all legal remedies made by the defense, the Theory of the case in relation to his innocence was denied, who was the object and victim of the Manufacture of the Crime by Kidnapping (2002), by Ministerial and Judicial authorities of the State of Mexico and Federal Judicial authorities, where they issued rulings and violations of Due Process since their arrest, having a 40-year sentence, and which to date has been compiling from the day of their arrest (2002) to the present annuity (year 2020); which has damaged their family life project . Complying with the standards requested in article 18 of the constitution, article 100 of the Law for the Execution of Privative and Restrictive Penalties of Liberty in the State of Mexico, as well as what is stipulated in the articles of the National Criminal Execution Law.
In this measure, Luis Salvador Escartín González, has shown significant progress regarding the guidelines provided for in the substantive law on the matter for social reintegration regarding work, job training and education, being a person who despite The precarious circumstances have made an effort in the penitentiary where he is deprived of liberty to form part of a society attached to norms and rules of both social and moral coexistence, which allows him to access a substitute for punishment, this with in relation to rule 11.2 [4] of the Tokyo Rules.
IV. Right to health
The right to health has become one of the guiding principles of reintegration; Currently the state of health of Luis Salvador Escartín González, has been broken and suffering a detriment as a result of the torture, the physical and psychological damage he suffered during his detention to force him to confess and indict himself for a crime he never committed; From which a neurological condition has been derived when in March 2014 , while being confined in the Otumba Tepachico Prison, he suffered a POSTERIOR CEREBRAL ARTERY INFARCTION, EPILEPSY OF IDIOPATIC CRYPTOGENE ORIGIN and where at this moment he is under medical treatment and sporadic control , his state of health has been complicated by these sequelae, in addition to the fact that he currently suffers from depression and visual problems and with a second urology condition where we currently do not know his follow-up by the medical area of the prison, the aforementioned His physical and psychological state of health has been deteriorating, which is why I believe that this situation has resulted in the mistreatment and torture that he has been subjected to by ministerial, judicial and prison authorities.
The Otumba Tepachico Prevention and Social Reintegration Center does not meet the standards of adequate medical care and much less with a neurological treatment that it needs due to the aforementioned consequences, since nowadays medical attention has not been provided with the specialty in neurology and urology.
As we could observe in the 2019 National Diagnosis of Penitentiary Supervision of the National Human Rights Commission, the Otumba Tepachico center does not guarantee a dignified stay for people deprived of liberty, as it has deficiencies in the material and hygiene conditions in the accommodation of people, in the kitchen and dining rooms, as well as in the workshops and sports areas, which are part of the axes of social reintegration.
According to the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules), the state has the responsibility that persons deprived of liberty enjoy the same standards of medical care as abroad (rule 24) ; prisons will have a medical care service in charge of evaluating, promoting, protecting and improving the physical and mental health of persons deprived of liberty (rules 25, 26, 27, 30, 31, 32 and 33).
The deficiencies in the guarantee of the right to health and the right to a healthy environment through a dignified stay have made the penalty that must be proportional to the crime that is sanctioned and the affected legal right, has become a penalty transcendental as it is incompatible with the state of health of Luis Salvador Escartín González, which violates the provisions of article 22 of our Political Constitution of the United Mexican States.
V. The life project
The court applies criteria that seek to be in accordance with legality, the center of the human rights approach, it intends that the judge act seeking justice and for this he must weigh in his rulings that this prevails beyond legality, spirit, soul, the essence of justice.
Another aspect that has damaged the sentence that has become incompatible, a consequence of the health of Luis Salvador Escartín González, as well as the violation of his right to reintegration and obtaining a benefit of freedom is the life project , beginning with moral and physical damage to the right to the family, which has been limited by the visitation regime established within the center, as well as by the conditions of self-government that exist within the center that not only affects the private person freedom, but also transcends the family, taking care of the safety of each of the members of the family nucleus. But despite this situation, his family, wife and son have not remained distant, but on the contrary during these 18 years that he has been deprived of his liberty and has been the subject of several transfers to prisons in the State of Mexico without any justification and with the criminal policy that was implemented during the six-year terms of Felipe Calderón Hinojosa and Enrique Peña Nieto, (Neza Bordo, Texcoco, Chiconautla, Otumba Tepachico prison for one year in the discharge module, Sultepec, Valle de Bravo and currently in Otumba Tepachico) His family has remained close in a fraternal and supportive way with the inmate, and that despite all the prison violations that they carried out, the amparos that were filed for the unjustified transfers were denied, knowing that he does not engage in criminal behavior within prisons and far from any type of addiction; With the aforementioned, his family has remained close to Luis Salvador Escartín González since his confinement without stopping to visit him despite the time, distance and place.
The principle of the best interests of his first child has been indirectly violated since the illegal detention and the violation of obtaining a benefit of freedom for Luis Salvador Escartín González, who at the time of his arrest forced him to separate from his first child at 8 years old Luis Escartín Luna currently 27 years and years after a second son who is currently 8 years old Sebastián Escartín Luna, of whom they have been deprived of the integral development of a family and a dignified life with the father figure, as well as the material and affective conditions that allow them to live through a family nucleus.
The deprivation of liberty and more when it derives from arbitrary detention, the fabrication of guilty and violations of due process affect the entire life project as a whole. Causing a paralysis of productive life at age 30, separated for more than 18 years from his family and work nucleus, and that the physical and psychological health damage will be irreparable for Luis Salvador Escartín González and his family.
SAW. Claims
With the above, I intend that in this particular case and its analogues that the judge can identify, they are resolved independently and in accordance with the rules of due process for Luis Salvador Escartín González to have confidence in the impartiality of justice, guaranteeing the principle of legal security and integral family nucleus.
The guarantee of a benefit of freedom through reintegration enshrined in the second paragraph of article 18 of the Political Constitution of the United Mexican States, involves one of the most precious substantive rights of the human being, such as freedom, a benefit that Apart from this, it comes as a result of a criminal proceeding, in which the responsibility of a person in the omission or commission of an act that by law is classified as a crime was concluded.
Now, in this order of ideas Luis Salvador Escartín González, is in time and form to be a creditor of the prison benefit according to the "Law for the Execution of Privative and Restrictive Penalties of State Freedom" is for the State of Mexico, which was in force at the time of the events; in accordance with the provisions of articles 100 and 111 in correlation with article 106 of said law. Luis Salvador Escartín González, according to the arithmetic operation, was sentenced to 40 years; Three fifths of said sentence would be equivalent to 24 years, minus the two years granted, it would be 22 years; Currently LSEG has served the prison sentence of 18 years 1 month as of October 8, 2002, taking into account the days worked equivalent to 5,671 days until February 2020, which by making the conversion would have in its favor 2,835 days, equivalent to 7 years 7 months; Therefore, when making the sum we have a total of 25 years 10 months, that is, LSEG has the legal time for the proceeding of the benefit corresponding to the conditional freedom in relation to the partial remission of the sentence and the pre-release treatment; with adherence to the right to social reintegration guaranteed in Constitutional Art. 18 .
Therefore, it is requested that the process of benefit of Luis Salvador Escartín González be attached to the law, respecting the right to due process of our democratic state, in the same way attending to the rights of the constitutionality block, as well as the diffuse control of conventionality, at the pro persona principle and at the international principle of jus cogens .
Thus, the League for the Defense of Human Rights and other sister organizations of the early warning network and human rights defenders stand in solidarity in the cause of Luis Salvador Escartin González, he is respected within the process in the Criminal Execution Court In order to obtain a prison benefit, all the rights are marked in the Political Constitution of the United Mexican States and in the international treaties signed and ratified by the Mexican State.
Respectfully
By the organizations and personalities that subscribe
Adrián Ramírez López, President of the Limeddh
1. Andrés Piqueras Infante, Solidarity for Development and Peace, Sodepau País Valencià
2. Reinaldo Villalba, President, "José Alvear Restrepo" Lawyers Collective. Colombia
3. José Luis Fuentes, Mesoamerican Committee of the United States Lawyers Guild
Four. Pablo Ruiz, SOAWatch, Latin America Coordinator of SOAW - Observatory for the Closure of the School of the Americas. Chile
5. Manuel Maria Mercedea Medina, President, National Commission for Human Rights (CNDH_RD). Dominican Republic.
6. Carlos M Leiva, Executive Director, Center for Research and Promotion of Human Rights
7. Juan Carlos Gutiérrez Contreras, General Coordinator, I (dh) eas Strategic Litigation in Human Rights. Mexico
8. María Elena Hernández Márquez, Coordinator of the People's Lawyers Association
9. María Magdalena López Paulino, Solidarity Network Decade Against Impunity AC. Mexico
10. José Ballesteros Portals, relations, Study of the Cure Workshop
eleven. José Javier Acevedo Bustillo, Human Rights Defender
12. Patricia Martínez, Human Rights Defender
13. Héctor Manuel Vázquez González, Human Rights DefenderThis is how much we have the honor to report.
This Amicus Curiae is composed of nine useful sheets, numbered and signed by their authors at the bottom.
[1] Medellín Urquiaga Ximena. Methodology for teaching constitutional reform on human rights. Pro-person principle. Coedition: Supreme Court of Justice of the Nation (SCJN), Office in Mexico of the United Nations High Commissioner for Human Rights
(OHCHR) and the Federal District Human Rights Commission (CDHDF).
[2] Initiative with draft decree law issuing the National Criminal Enforcement Law. Senator Raúl Cervantes Andrade.
[3] 10.1 The objective of supervision is to reduce recidivism and assist the offender in their social reintegration in such a way as to minimize the likelihood that they will return to crime.
[4] 11.2 An early interruption of the measure will be foreseen in the event that the offender has reacted positively to it.
5 Acción Urgente
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